MADE IN CHINA

Es poco conocido que existe un acuerdo entre los gobiernos de España y China, por el cual a cambio de facilitar la actividad de importantes empresas españolas en China (entre otras Zahonero y Martínez Valero, en el sector del calzado; Chupa-Chups, en alimentación; BBVA, BSCH y Banco de Sabadell, en el sector bancario; ALSA, transporte de pasajeros; e INDRA, aeronáutica, etc.) se favorece la creación de empresas de capital chino en España. Las ayudas e incentivos que reciben estas grandes empresas españolas proceden de ambas partes, e incluyen participar de fondos FAD (Fondos de Ayuda al Desarrollo), créditos comerciales, exención de impuestos y todo tipo de facilidades. A cambio, en España, se conceden facilidades a los ciudadanos chinos para abrir sus negocios. Este acuerdo permite que los ciudadanos chinos que creen empresas en España no paguen impuestos durante siete años. Transcurrido este plazo estos mismos ciudadanos chinos pueden traspasarles sus negocios a otros ciudadanos chinos, montar otros negocios y unos y otros no pagar impuestos durante otros siete años. Además las licencias municipales de obra y apertura de estos comercios se resuelven con una rapidez pasmosa. El acuerdo es claramente perjudicial y discriminatorio para los ciudadanos españoles, además de ser inconstitucional al atentar contra el artículo 14 de la Constitución, que proclama la igualdad de los españoles ante la ley. Y es que este acuerdo hispano-chino concede unos privilegios fiscales excesivos a unas personas que no tienen la nacionalidad española. Claramente aquí el español pasa a ser un ciudadano de segunda en su propio país.
Por otra parte, no es equiparable el beneficio que algunas grandes empresas españolas obtienen al entrar en el mercado chino con el perjuicio que se ocasiona a la economía nacional. El conjunto de pymes españolas, sobre todo los pequeños comercios, no se benefician de este acuerdo. Como contrapartida al beneficio de unos pocos grandes empresarios allí, aquí el tejido económico y social resulta claramente perjudicado.

Las actividades económicas chinas en España aparecen con frecuencia relacionadas con la economía sumergida y hasta ilegal. Así, no es infrecuente que la Policía desmantele talleres ilegales en los que inmigrantes ilegales chinos son explotados, en régimen de semiesclavitud, por mafias chinas a las que deben importantes cantidades económicas que pagan con su trabajo, vulnerando todas las leyes españolas en materia laboral, de seguridad en el trabajo e inmigración. Pero lo pernicioso no termina aquí, pues abastecen a comercios chinos, que a su vez ofrecen productos manufacturados a precios inferiores a los de coste, ante los que no pueden competir los comercios españoles: la competencia china es desleal y fortísima. El incumplimiento de las leyes y normas españolas en materia de comercio incluyen el no respeto a las normas de etiquetado y seguridad (aquí los perjudicados son directamente los consumidores, que son engañados respecto a calidades) y, aunque aún no es el caso en Priego y comarca, la venta de alcohol a menores. Otra de sus prácticas habituales consiste en no atenerse únicamente a vender los productos que están incluidos en su licencia de actividad comercial, así pueden empezar teniendo una licencia para montar un comercio de todo a cien, pero progresivamente van incluyendo alimentación, ropa, calzado, etc., sin cambiar su régimen de actividad comercial. Es decir, de nuevo una competencia desleal. Y en lo que respecta a la contratación de mano de obra española, es practicamente nula, por no hablar de su capacidad para mantener sus comercios abiertos en un amplio horario, festivos, etc. Ante esto los pequeños comerciantes españoles se encuentran también indefensos, ya que para poder mantener sus comercios abiertos, en tan amplio horario, necesitarían unos recursos económicos que simplemente no tienen y los que tienen los emplean en sobrevivir. En resumidas cuentas, no contribuyen a disminuir el paro en España, no aumentan la producción industrial española, perjudican de diversas formas a varios sectores económicos y obligan a los comerciantes españoles a competir en unas condiciones que son imposibles de alcanzar honradamente, además de infringir gravemente las leyes españolas.

Asombra también la disponiblidad económica de estos ciudadanos chinos, sobre todo dado el régimen económico de sus país hasta hace poco. Causa estupefacción, entre los propietarios de locales comerciales españoles, los altos precios que están dispuestos a pagar por locales pequeños y en barrios degradados. También causa admiración la pertinacia con la que persiguen hacerse cada vez con más locales. Tientan una y otra vez a los propietarios de locales con suculentas ofertas. Su proliferación avanza día a día y es tan descarada y llamativa que ha llegado a provocar la reacción de los vecinos de distintos barrios en las ciudades donde se han instalado para protestar contra el excesivo ruido y tráfico descontrolado que provoca la carga y descarga ilegal de estos comercios.

A tenor de todo lo anterior es obligado establecer que la actividad económica china en España es de naturaleza parasitaria, que actúa como un tumor cancerígeno que crece sin control, primero en las grandes capitales y cada vez se va extendiendo a pueblos más pequeños y que progresivamente va aniquilando el tejido económico español. No es de recibo pues admitir esta situación, sobre todo si las leyes españolas se convierten en papel mojado, existe un claro perjuicio económico que afecta a los pequeños comercios españoles (hasta ahora motor ecónomico nacional) y no resulta beneficiado el conjunto de la sociedad española sino una minoría de grandes empresas subvencionadas que operan en China y que no van a repartir sus monumentales beneficios con todos los españoles.